Procesia

19.07.2019 / Noticias

Las denuncias anónimas, claves para detectar irregularidades en las organizaciones

Las denuncias anónimas, claves para detectar irregularidades en las organizaciones

MAR DE LAS HERAS – Directora de Operaciones de Procesia

Como en cualquier tema controvertido que se precie, siempre hay defensores y detractores de medidas que durante años han sido foco de polémica.

En este caso, las denuncias internas en el ámbito de las organizaciones que salvaguardan la identidad de las personas que las realizan es un tema que, en España, hasta hace bien poco, no se veía con buenos ojos.

Pero la entrada en vigor del Nuevo Reglamento europeo de Protección de Datos (RGPD) el pasado 25 de mayo y la reforma a la que está siendo sometida la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) han puesto de nuevo este asunto encima de la mesa y esta vez, con la intención clara de avanzar de la misma forma que lo han hecho otros países de la UE, en la que desde hace años esta medida es posible.

El pasado 4 de septiembre se publicó el Real Decreto 11/2018, de 31 de agosto, que, entre otras cosas, transpone al derecho español la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

En virtud de esta Directiva, deben establecerse canales internos de denuncias en el sector privado que permitan comunicar conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos aprobados por las organizaciones para asegurar el cumplimiento normativo en sus actuaciones.

Y es que no admitir el anonimato supone un freno muy importante en la denuncia de irregularidades o hechos ilícitos en organizaciones, principalmente, la relativas a blanqueo de capitales. La implementación de esta medida ha demostrado en otros países que la protección de los datos del denunciante ha ayudado a detectar irregularidades muy graves que pueden poner en peligro, no sólo la reputación de la organización, sino también miles de puestos de trabajo, mejorando, en definitiva, el sistema de compliance.

Concretamente, el Real Decreto introduce un nuevo artículo en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el artículo 26 bis. En cuyo primer apartado indica: «Los sujetos obligados establecerán procedimientos internos para que sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, información relevante sobre posibles incumplimientos de esta ley, su normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para darles cumplimiento, cometidos en el seno del sujeto obligado». (…)

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Publicado el 23/08/2018 en www.expansion.com