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23.12.2022 / Noticias

El Congreso aprueba la ley que transpone la directiva whistleblowing

El Congreso aprueba la ley que transpone la directiva whistleblowing

Una vez aprobada en el Senado, la ley obligará a las empresas con 50 o más trabajadores a tener un canal de comunicación de infracciones confidencial y seguro; en caso contrario, las sanciones podrán ascender a un millón de euros

La ley que protegerá a las personas que informen sobre infracciones normativas y contra la corrupción ya es prácticamente una realidad después de que haya sido aprobada este jueves, 22 de diciembre, en el Congreso de los Diputados. Para su aprobación definitiva tan solo falta su tramitación al Senado. Una vez que la Cámara Alta de su visto bueno, la norma entrará en vigor 20 días después de su aprobación y publicación oficial.

A partir de ese momento, las administraciones públicas, organismos y el resto de entidades obligadas por la ley deberán contar con su propio sistema interno de comunicación en un plazo máximo de tres meses. Para las empresas de menos de 250 trabajadores y los municipios de menos de 10.000 habitantes el plazo se extenderá hasta el 1 de diciembre de 2023.

El objetivo fundamental de la ley es proteger a las personas que comuniquen posibles infracciones o irregularidades frente a represalias, fijando unas normas mínimas que tienen que satisfacer los canales de comunicación y los procedimientos de investigación interna.

Las sanciones podrán ascender hasta un millón de euros

La ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción prevé sanciones de carácter económico, tanto para personas físicas como jurídicas.

Así, se considerarán infracciones leves, por ejemplo, incumplir con la obligación de colaborar en la investigación de una comunicación o remitir información de forma incompleta y de manera deliberada, o fuera de plazo, a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, en cuyo caso la sanción puede llegar a los 10.000 euros para una persona física y hasta los 100.000 euros para una persona jurídica.

Constituirán infracciones graves aquellas que limiten los derechos y garantías previstos en la ley, la vulneración de las garantías de confidencialidad y anonimato o no adoptar las medidas para garantizar el secreto de las comunicaciones, entre otras. Estas infracciones conllevarán una sanción de 5.001 a 30.000 euros para personas físicas, y de 100.001 a 600.000 euros para las personas jurídicas.

Entre el listado de infracciones muy graves se incluye no contar con un sistema interno de información, la adopción de cualquier tipo de represalia contra los informantes o comunicar públicamente información a sabiendas de su falsedad, entre otras cuestiones. En estos casos la ley prevé sanciones de 30.001 a 300.000 euros para personas físicas, y de 600.001 a 1 millón de euros para las personas jurídicas.

Para dar respuestas a las nuevas necesidades a las que se enfrentan las organizaciones, los expertos de Procesia e IDBO Consultants han desarrollado una herramienta informática que permite comunicar acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave a través de un software, garantizando altos niveles de confidencialidad y seguridad respecto a la identidad del informante y de terceros mencionados en la comunicación.

Los expertos de Procesia e IDBO Consultants destacan, tras analizar el texto de la nueva ley, que estarán obligadas a tener un canal de denuncias:

-Todas las personas físicas o jurídicas del sector privado que tengan contratados 50 o más trabajadores.

-Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones que reciban o gestionen fondos públicos.

-Todas las entidades que integran el sector público, entre las cuales se destacan: la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía y las entidades que integran la Administración local, las universidades públicas y las fundaciones del sector público.

Además, un aspecto muy relevante de la normativa es que las personas jurídicas del sector privado que no entren en su ámbito de aplicación y, voluntariamente implanten un sistema interno de información, deberán cumplir necesariamente con los requisitos previstos en la ley.