Sistema interno de información y canal interno de Procesia

Acceso al canal interno

Finalidad y ámbito material de aplicación

Es el canal interno de información que dispone PROCESIA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L. es el medio idóneo para posibilitar la presentación de información y otorgar una protección adecuada frente a las posibles represalias que puedan sufrir las personas físicas que informen sobre acciones u omisiones que puedan considerarse como:

  • Infracciones penales. Administrativas graves y muy graves, dentro de la legislación española, incluyendo aquellas que supongan un quebranto a la Hacienda Pública o a la Seguridad Social.
  • Infracciones por acciones contrarias a la legislación de la Unión Europea, que afecten a sus intereses financieros o incidan en su mercado interior, conforme a los actos descritos en el anexo de la Directiva (UE) 2019/1937.

Asimismo, el Canal Ético tiene como objetivo fortalecer la cultura de la información y fomentar una cultura de prevención y detección de amenazas al interés público.

Otras informaciones

Adicionalmente, podrán denunciarse otros hechos. Si estos no se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, su tramitación se adecuará de acuerdo con la normativa sectorial correspondiente.

Destinatarios del canal

El Canal Ético está dirigido a empleados, agentes comerciales, directivos, socios de negocio, contratistas y proveedores, así como a cualquier persona que haya tenido una relación con la empresa PROCESIA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L

Las medidas de protección también se aplicarán a los informantes que comuniquen o revelen públicamente información sobre infracciones obtenida en el marco de una relación laboral ya finalizada, a becarios, y a trabajadores en períodos de formación, independientemente de que perciban o no una remuneración. Asimismo, se extiende a aquellas personas cuya relación laboral aún no haya comenzado, siempre que la información sea sobre infracciones haya sido obtenida durante el proceso de selección o de negociación precontractual.

Procedimiento de gestión y características del canal de denuncias

El órgano de administración de la entidad Procesia, en su calidad de responsable del Sistema Interno de Información, ha llevado a cabo la implantación del mismo conforme a lo establecido en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Asimismo, dicho órgano asume las funciones atribuidas por la citada ley y ha aprobado la correspondiente Política de uso del Canal Ético de la entidad.

El responsable del sistema

Dentro de la entidad Procesia su Consejo de Administración que ha designado a un integrante del departamento jurídico como Responsable del Sistema que ejercerá su cargo con independencia y de forma autónoma respecto del Consejo de Administración el cual no podrá recibir instrucciones de ningún tipo en su ejercicio.

Tanto el nombramiento como su cese será notificada a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., o, en su caso, a las autoridades u órganos competentes de las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Características del sistema interno de información de Procesia

El Sistema Interno de Información y el Canal de Denuncias cuentan con las siguientes características:

  • Accesibilidad, permitiendo que todas las personas a las que se dirige esta regulación puedan comunicar información sobre infracciones y delitos.
  • Diseño seguro y confidencialidad, garantizando la confidencialidad de la identidad del informante y de las actuaciones desarrolladas, así como la protección de datos.
  • Celeridad-deben evitarse todo tipo de dilaciones injustificadas en el desarrollo del proceso de investigación
  • Posibilidad de presentar comunicaciones por escrito y/o verbalmente, incluyendo la opción de presentación mediante una reunión presencial.
  • Permite la presentación de comunicaciones anónimas. A su vez integra los diferentes canales de la entidad.
  • Integra los diferentes canales y es cauce para transmitir otras informaciones.
  • La gestión con un procedimiento y con garantías de derechos. La entidad Procesia vela para que los informantes puedan acogerse a la protección dispensada al informante, garantizando su anonimato y evitando actos de represalia, incluidas las amenazas de represalia y las tentativas de represalia contra las personas que presenten una comunicación conforme a lo previsto en la normativa aplicable. Toda persona que considere que sus derechos han sido lesionados como resultado de su comunicación o revelación, y una vez transcurrido el plazo de dos años, podrá solicitar la protección de la autoridad competente. Garantiza a su vez la presunción de inocencia.
  • Cuenta con un Responsable del Sistema.
  • Cuenta con una Política de Uso aprobada por su Consejo de Administración y un procedimiento de gestión de las informaciones recibidas.
  • Se establecen las garantías para la protección de los informantes en el ámbito de la propia entidad u organismo.
  • Garantiza la presunción de inocencia de las personas investigadas, así como derecho a la defensa y a la contradicción de hechos y argumentos

Asuntos excluidos del régimen de protección

Quedan expresamente excluidas de la protección prevista en la normativa reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción aquellas personas que comuniquen o revelen:

  1. Informaciones contenidas en comunicaciones que hayan sido inadmitidas por algún canal interno de información.
  2. Informaciones vinculadas a reclamaciones sobre conflictos interpersonales o que afecten únicamente al informante y a las personas a las que se refiera la comunicación o revelación.
  3. Informaciones que ya estén completamente disponibles para el público o que constituyan meros rumores.
  4. Informaciones que se refieran a acciones u omisiones no comprendidas en el ámbito de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, las cuales se adecuarán a la normativa que sea de aplicación.

Información básica sobre la protección de datos de carácter personal

Responsable​ Procesia Proyectos y Servicios, S.L. CIF: B87335071 Avenida Reina Victoria, 47, 1º A, 28003, Madrid.
Delegado de Protección de Datos: dpd@procesia.com
Finalidad​ Tratar los datos para otorgar una protección adecuada frente a las represalias que puedan sufrir por la información sobre alguna de las acciones u omisiones constitutivas de infracciones.
Legitimación​

​

RGPD: Artículo 6.1.c): el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Destinatarios​ La identidad del informante será en todo caso reservada y no se comunicará a las personas a las que se refieren los hechos relatados ni a terceros, ni será trasladada a la persona al que se refieren los hechos.
Si los hechos fueran constitutivos de delito la identidad del informante solo sería comunicada a la Autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora y de acuerdo con la Ley.
Derechos​ Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como otros derechos como se explica en la información adicional.
Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos se pueden descargar en la herramienta del Canal Interno.

Datos de contacto de canales externos de información

España

  • Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI)

La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal cuya misión principal es garantizar la protección de las personas que comuniquen infracciones normativas y contribuir a la prevención y detección de conductas contrarias al ordenamiento jurídico que afecten al interés público.

La AIPI ejerce sus funciones con plena autonomía e independencia funcional, sin estar sometida a instrucciones del Gobierno ni de otras Administraciones Públicas, y actúa conforme a los principios de objetividad, imparcialidad y transparencia.

Entre sus principales competencias se encuentran la gestión del canal externo de información, la adopción de medidas de protección y apoyo a las personas informantes, el ejercicio de la potestad sancionadora en los casos legalmente establecidos y la elaboración de recomendaciones e iniciativas destinadas a fomentar una cultura de integridad y cumplimiento normativo.

Su régimen jurídico se establece fundamentalmente en las siguientes disposiciones:

Con su puesta en funcionamiento, la AIPI constituye un instrumento esencial para reforzar la protección de las personas informantes, facilitar la comunicación segura y confidencial de posibles infracciones y promover la integridad institucional tanto en el sector público como en el privado.

https://www.proteccioninformante.gob.es/

  • Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid

La Ley 8/2024, de 26 de diciembre, de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid, atribuye al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid las funciones de autoridad competente para la gestión del canal externo de protección del informante en su ámbito territorial.

En el caso de Procesia, como entidad privada con sede en Madrid, el Consejo es competente para recibir y tramitar comunicaciones relativas a posibles infracciones comprendidas en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, siempre que estas se circunscriban al territorio de la Comunidad de Madrid.

Cuando los hechos comunicados afecten o produzcan efectos en más de una comunidad autónoma, la competencia corresponderá a la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), de acuerdo con la distribución territorial de competencias establecida en la normativa vigente.

Acceso e información sobre el canal externo:

Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid – Canal externo del informante.

 

Otros órganos e instituciones

  • Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA)

El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) es un órgano integrado en la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, que desarrolla funciones de coordinación y lucha contra el fraude y las irregularidades que puedan afectar a los intereses financieros de la Unión Europea.

Entre sus funciones se encuentra la gestión del canal externo INFOFRAUDE, que permite comunicar posibles fraudes, casos de corrupción u otras actividades ilegales relacionadas con proyectos, subvenciones u operaciones financiadas con fondos europeos.

A través de este canal, cualquier persona puede presentar información, tanto de forma identificada como anónima, aportando los hechos y la documentación que permita su comprobación. El SNCA analiza las comunicaciones recibidas, realiza las verificaciones que considere necesarias y determina las actuaciones procedentes, incluido, cuando corresponda, su traslado a los órganos competentes.

El sistema garantiza la confidencialidad de la identidad de las personas informantes, con las excepciones legalmente previstas. Asimismo, las personas que comuniquen infracciones comprendidas en el ámbito de la Ley 2/2023 podrán acogerse al régimen de protección establecido en dicha norma.

El funcionamiento del canal se regula específicamente mediante la Comunicación 1/2017, de 6 de abril, del SNCA, sin perjuicio de la aplicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, y de la normativa europea sobre protección de los intereses financieros de la Unión.

Acceso al canal: INFOFRAUDE – Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.

  • La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada es un órgano especializado del Ministerio Fiscal encargado de investigar y perseguir delitos de corrupción, delincuencia económica y criminalidad organizada de especial trascendencia.

Entre sus competencias se encuentran la investigación de delitos de cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, fraude, blanqueo de capitales y otras conductas delictivas relacionadas con la corrupción.

Su actuación se regula en el artículo 19.4 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

 

Presentación de denuncias

Cualquier persona puede denunciar hechos presuntamente delictivos ante el Ministerio Fiscal, aportando una descripción de los hechos y, cuando sea posible, documentación que los acredite.

Las denuncias pueden presentarse ante la Fiscalía competente, los órganos judiciales o las autoridades policiales.

 

Enlaces de interés:

  • Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de proteger los derechos fundamentales y las libertades públicas de la ciudadanía, mediante la supervisión de la actuación de las Administraciones Públicas.

Es una institución independiente, regulada en el artículo 54 de la Constitución Española y en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril.

Entre sus funciones se encuentra investigar posibles irregularidades, abusos o actuaciones administrativas que puedan vulnerar los derechos de las personas, así como formular recomendaciones y sugerencias a las Administraciones Públicas.

 

Presentación de quejas

Cualquier persona física o jurídica puede presentar una queja, de forma gratuita y sin necesidad de abogado ni procurador, cuando considere que una Administración Pública ha vulnerado sus derechos.

Las quejas pueden presentarse por Internet, correo electrónico, correo postal o presencialmente. Deben identificar a la persona reclamante, describir los hechos y aportar, cuando sea posible, documentación justificativa.

La presentación de una queja no suspende los plazos para interponer recursos administrativos o judiciales.

Enlaces de interés:

Europa

  • Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) es un organismo de la Comisión Europea que actúa con independencia en sus investigaciones y tiene como misión proteger los intereses financieros de la Unión Europea.

Entre sus principales competencias se encuentran la investigación de fraudes, corrupción e irregularidades graves que afecten a los fondos europeos, así como las conductas graves cometidas por miembros o personal de las instituciones de la Unión Europea.

 

Presentación de denuncias

Cualquier persona puede comunicar posibles fraudes o irregularidades comprendidos en su ámbito de competencias mediante el Sistema de Notificación de Fraudes (FNS), de forma identificada o anónima, aportando información y documentación que permita comprobar los hechos.

El sistema permite realizar comunicaciones seguras y mantener contacto confidencial con los investigadores.

 

Enlaces de interés:

  • Tribunal de Cuentas Europeo (TCE)

El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) es una institución independiente de la Unión Europea encargada de fiscalizar la gestión de los fondos públicos europeos y comprobar que los recursos de la Unión se utilizan de forma legal, regular y eficiente.

Entre sus principales funciones se encuentran auditar los ingresos y gastos de la Unión Europea, evaluar la buena gestión financiera y elaborar informes y recomendaciones para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y el uso de los fondos públicos.

Su actuación se fundamenta en los principios de independencia, objetividad, integridad, transparencia y profesionalidad.

Aunque puede detectar irregularidades y sospechas de fraude durante sus auditorías, no ejerce funciones judiciales ni sancionadoras.

 

Enlaces de interés:

Procedimientos para la protección frente amenazas

El procedimiento en vigor en PROCESIA garantiza la confidencialidad de la identidad o el anonimato del denunciante, a su elección, así como el hecho de no tomar ninguna represalia contra el denunciante, siempre que su denuncia y actuación resulten el reflejo de un comportamiento ético basado en la convicción de que actuaba de forma correcta.

Quedan sujetas a expediente disciplinario y -en su caso- sanción interna o denuncia penal las comunicaciones basadas en móviles ilegítimos, personales o contrarios a la buena fe. En caso de sospecha de denuncia fraudulenta, se procederá a abrir un procedimiento disciplinario conforme al convenio colectivo vigente para la organización.

Durante el proceso de tramitación de la denuncia, PROCESIA garantizará al denunciado los siguientes derechos:

  1. Derecho a la protección en el transcurso de la investigación. Procesia proporcionará al denunciado la completa garantía de sus derechos como cualquier empleado, no siendo aplicables medidas sancionadoras, o legales en su caso, hasta que se compruebe la veracidad de los hechos denunciados, se recaben las evidencias respectivas, y se concluya la concurrencia de un hecho delictivo o contrario a los principios y valores de la empresa.
  2. Derecho a recibir información. El denunciado debe ser informado del proceso de investigación que se está llevando a cabo para que, ante la imputación de dichas conductas, pueda ejercer su derecho de defensa y alegar todo aquello que le permita acreditar su inocencia. Por otro lado, en aquellos casos que la información del proceso de investigación suponga un riesgo importante en la capacidad para investigar de manera eficaz, la comunicación al denunciado podrá retrasarse mientras exista dicho riesgo. El objetivo es evitar la destrucción o alteración de evidencias por el denunciado.
  3. Derecho a la confidencialidad. Al denunciado, durante toda la investigación de la denuncia, se le garantizará el derecho a la confidencialidad de sus datos personales, con el fin de evitar cualquier difusión de información que pueda afectar a su honorabilidad. La información proporcionada al denunciado debe realizarse en unos términos que protejan la confidencialidad del denunciante, no pudiendo revelarse la identidad del denunciante sin su consentimiento expreso a ninguna persona que no sea personal competente para recibir y gestionar las denuncias, con las excepciones que establece el derecho de la UE o español en el contexto de investigaciones llevadas a cabo por las autoridades o en el transcurso de procesos judiciales.
  4. Derecho a una investigación transparente. El denunciado tendrá derecho a una investigación basada en el análisis objetivo de las evidencias recabadas, garantizando una investigación eficaz y transparente.

Dirección

Procesia Proyectos y Servicios, S.L, C/ Guzmán el Bueno, 133 4º izq. 28003 Madrid, España. Teléfono +0034 917 316 797 . Corre electrónico: info@procesia.com

Normativa

Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.

Ley 8/2024 de 26 de diciembre de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid.