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30.01.2024 / Noticias

La nueva ley de ciberseguridad: un paso clave para la seguridad y la innovación en España

La nueva ley de ciberseguridad: un paso clave para la seguridad y la innovación en España

Crear un entorno ciberseguro es una prioridad estratégica para España y por este motivo se va a impulsar una nueva ley de ciberseguridad. Varios estudios demuestran que en el año 2023 los ciberataques han sido cada vez más frecuentes y peligrosos. Esto supone un riesgo la seguridad nacional, la economía, la privacidad y los derechos de los ciudadanos. Por eso, el Gobierno quiere aprobar este año una nueva ley de ciberseguridad que refuerce la defensa de las infraestructuras críticas, las empresas y los usuarios frente a las amenazas informáticas.

 

La nueva ley de ciberseguridad tiene como objetivo establecer un marco legal que dote de institucionalidad a los mecanismos que ya existen en esta materia en diferentes ministerios y organismos. Además, busca prevenir y mitigar los ciberataques con una mejor preparación y coordinación entre los actores implicados, así como mejorar los tiempos de respuesta y recuperación cuando se produzcan.

 

La nueva ley de ciberseguridad también pretende regular el uso de proveedores de riesgo. Por este motivo, el gobierno se reservará el derecho de aplicar algunas restricciones, siguiendo la línea que marcan otros países de nuestro entorno en materia de infraestructuras sensibles y estratégicas.

 

¿Por qué es necesaria una nueva ley de ciberseguridad?

 

–   Reducir la vulnerabilidad económica y social de España frente a los ciberataques: Los ciberataques pueden causar graves daños a la economía y la sociedad, afectando a sectores clave como la energía, el transporte, la salud o la educación. Según un estudio de la consultora McAfee, el coste global de los ciberataques en 2020 fue de unos 945.000 millones de dólares, un 50% más que en 2018. España es uno de los países más afectados por los ciberataques en Europa, con un impacto estimado de 29.000 millones de euros al año.

 

–   Reforzar los mecanismos de prevención, detección, respuesta y recuperación ante los incidentes de ciberseguridad, coordinando a los diferentes actores implicados: La ciberseguridad es una responsabilidad compartida entre el sector público y el privado, y requiere de una colaboración efectiva entre los diferentes niveles de la Administración, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el sector empresarial, el académico y el de la investigación, y la sociedad civil. La nueva ley de ciberseguridad busca reforzar esta colaboración.

 

–   Regular el uso de proveedores de riesgo: El Gobierno se reservará el derecho de aplicar algunas restricciones o condiciones a algunos proveedores, especialmente en el caso de infraestructuras críticas o sensibles, como las redes 5G, la inteligencia artificial o el cloud computing. Esto supone una oportunidad para garantizar la seguridad nacional y la soberanía digital, así como para impulsar el desarrollo de proveedores nacionales o europeos de estas tecnologías.

 

–   Aprovechar los fondos europeos del Plan de Recuperación para mejorar la formación de especialistas en ciberseguridad y fomentar la innovación en este ámbito: La ciberseguridad es uno de los ejes estratégicos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno presentó en su momento a la Unión Europea. El Plan prevé una inversión de 4.315 millones de euros en el ámbito de la ciberseguridad, de los cuales 2.000 millones se destinarán a la formación de especialistas en ciberseguridad y 2.315 millones a la innovación en este ámbito.

La nueva ley de ciberseguridad busca aprovechar estos fondos para mejorar la capacitación y la empleabilidad de los profesionales de la ciberseguridad, así como para impulsar la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimiento en este ámbito.

 

–   Situar a España a la vanguardia de la transformación digital y la ciberseguridad en Europa y en el mundo, aprovechando el potencial y los recursos existentes en el país: España cuenta con un gran potencial y unos recursos de primer nivel en el ámbito de la ciberseguridad, tanto en el sector público como en el privado, y con una amplia red de centros de investigación, formación y desarrollo. La nueva ley de ciberseguridad busca potenciar este potencial y estos recursos, creando un marco legal que favorezca la seguridad, la confianza y la innovación en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación.

 

Conclusión

 

La nueva ley de ciberseguridad es una iniciativa necesaria y urgente para el desarrollo digital y la competitividad de España en el contexto global. Con ella, el Gobierno pretende garantizar la seguridad, la confianza y la innovación en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, así como proteger los derechos y libertades de los ciudadanos en el entorno digital.

 

La nueva ley de ciberseguridad es también una oportunidad para situar a España a la vanguardia de la transformación digital y la ciberseguridad en Europa y en el mundo. España cuenta con un gran potencial en este ámbito, tanto en el sector público como en el privado, y con una amplia red de centros de investigación, formación y desarrollo. La nueva ley de ciberseguridad impulsará el aprovechamiento de estos recursos y el fomento de la colaboración entre los diferentes agentes.

 

La nueva ley de ciberseguridad es, por tanto, un paso clave para la seguridad y la innovación en España. Con ella, el Gobierno quiere contribuir a la construcción de un espacio digital más seguro, más resiliente y más competitivo, que beneficie a todos los ciudadanos y a todos los sectores de la sociedad.

 

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